La resolución judicial desestimó la medida restrictiva contra Corvetto y coinvestigados.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional volvió a rechazar y declaró infundada la apelación solicitada por la Fiscalía, con la que se buscaba ordenar una detención preliminar contra Piero Corvetto, así como contra los exfuncionarios de la ONPE Jose Samamé, Juan Antonio Phang y el apoderado legal de la empresa Galaga S.A.C, Juan Alvarado.
El recurso se enmarca en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales del 12 de abril, vinculadas a la contratación de la empresa Galaga S.A.C., proceso que se realizó durante la gestión de Corvetto al frente de la ONPE. A través de esta solicitud, el Ministerio Público planteaba que se dictara una detención preliminar por un plazo de siete días.
De acuerdo con lo informado por el Estudio Arbizu y Gamarra, encargado de la defensa de Corvetto, la Sala Penal, mediante la resolución N.° 1 con fecha 23 de abril de 2026, concluyó que la disposición de los investigados de someterse al proceso y colaborar con las diligencias evidencia que no existen elementos suficientes para justificar la medida. Cabe recordar que, en el caso de Corvetto, ha atendido los requerimientos fiscales, incluyendo la entrega de sus pasaportes, y ha cumplido con las medidas impuestas en su contra.
Asimismo, el requerimiento fiscal incluía el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de geolocalización, de los números celulares de Corvetto, así como de Samamé, Phang y Alvarado, en el marco de las diligencias preparatorias.

Pese a la resolución judicial, el ex jefe de la ONPE y los otros tres investigados continuarán afrontando el proceso fiscal preliminar por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado. En ese contexto, se mantiene vigente el impedimento de salida del país por 18 meses para ellos.